La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se pensaba que sería una ocasión excepcional para reconfigurar las normas del sistema financiero global y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultó en un documento final que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentan su carencia de ambición, claridad y auténtica voluntad política.
El texto, denominado “Compromiso de Sevilla”, fue aprobado por una mayoría de países participantes, pero sin el respaldo de algunas potencias clave, como Estados Unidos, cuya ausencia marcó el tono de los debates. Para las ONG, el documento no aporta las soluciones estructurales necesarias para abordar la crisis de deuda que afecta a decenas de países en desarrollo, ni representa un impulso concreto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso amenaza con agravar la desigualdad global.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
De acuerdo con portavoces de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas decisivas en esta cuestión. Más de 60 naciones actualmente asignan más del 10 % de su presupuesto gubernamental al pago de la deuda, sobrepasando lo que destinan a la salud y educación, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen poco claros, lentos y controlados por entidades con poca representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
A pesar de que varios especialistas subrayan el progreso en la iniciativa de aumentar tres veces la capacidad de crédito de los bancos multilaterales de desarrollo y el respaldo a proyectos fiscales globales, las entidades sociales afirman que estas acciones no son suficientes sin una reforma integral de las normas que regulan la economía mundial. Además, critican que numerosas naciones adineradas tienen un discurso contradictorio: prometen colaborar mientras reducen sus presupuestos y elevan su gasto en armamento.
La ausencia de Estados Unidos fue interpretada por algunos actores como una oportunidad para que otras potencias, como la Unión Europea o China, tomen la iniciativa en la reforma del sistema. Sin embargo, ese vacío también dejó sin uno de los principales financiadores y actores influyentes, lo que debilitó el alcance político del encuentro.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que el evento en Sevilla incluyó aspectos favorables, como la aceptación de la importancia de conectar el financiamiento al desarrollo con la batalla contra el cambio climático. Sin embargo, critican la carencia de medios específicos para asegurar su ejecución. También exigen que la intervención de la sociedad civil tenga un papel más decisivo en reuniones futuras, y no sea simplemente simbólica.
Con la Agenda 2030 en peligro y una deuda global en aumento, la comunidad internacional tenía en Sevilla una oportunidad para reequilibrar las reglas del juego. Sin embargo, el resultado dejó más preguntas que respuestas. Para los activistas, el verdadero compromiso no se mide en declaraciones diplomáticas, sino en decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades históricas y garanticen el derecho al desarrollo para todas las naciones. Mientras eso no ocurra, los compromisos seguirán siendo, en palabras de los propios asistentes, buenas intenciones sin impacto real.
