Proteger a los franceses contra “inseguridad digital” por un «texto de combate»quien trae “respuestas concretas al sufrimiento causado por la tecnología digital” : este es el objetivo declarado de Jean-Noël Barrot, Ministro Delegado para la Transición Digital y las Telecomunicaciones. Este último deberá presentar, el miércoles 10 de mayo, durante el Consejo de Ministros, su proyecto de ley sobre la seguridad del espacio digital.
Muchas de las medidas propuestas ya han sido mencionadas en la prensa o anunciadas por el gobierno. Es poco probable que la mayoría encuentre una oposición importante en el Parlamento, ya que el gobierno busca desarrollar los 100 días de«apaciguamiento» prometida por el presidente de la República, Emmanuel Macron, tras la aprobación de la reforma de las pensiones.
Entre las principales disposiciones que definen la prohibición de acceso a las redes sociales a personas condenadas por determinados delitos -acoso o incitación al odio-, el bloqueo sin juez de sitios que ofrezcan contenidos pornográficos que no controlen la edad de sus visitantes -e incluir plataformas de consumo como Twitter- – así como un «filtro de estafa» supuestamente para evitar que los usuarios de Internet accedan a ciertos sitios fraudulentos.
Lista de direcciones web maliciosas
El gobierno espera limitar los daños causados por las innumerables oleadas de mensajes de texto falsos que contienen enlaces a páginas web que suplantan sitios institucionales, como los del Seguro Social o impuestos, y destinados a recuperar números de tarjetas de crédito o información personal. “Hay que desvitalizar el comercio de estas mafias (…) que han hecho de nuestros teléfonos su territorio de crimen organizado”dice Jean-Noël Barrot.
Para ello, el proyecto de ley debe permitir la creación de una lista de direcciones web difundidas como maliciosas por varias administraciones: policía, gendarmería, Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude (DGCCRF), Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi) –, particularmente en el contexto de denuncias presentadas por particulares.
Por un lado, esta lista deberá estar integrada en los navegadores instalados en ordenadores y smartphones. El gobierno ya dialoga de alguna manera «constructivo» con los editores del software en cuestión (Google, Apple, Mozilla, etc.), informamos a la oficina del ministro. Si por casualidad estos actores no integran esta lista, «la ley prevé penas»sabemos de la misma fuente, sin dar más detalles.
Te queda el 57,25% de este artículo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.
