La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propuso modificaciones previstas en la legislación en vivienda de cara al próximo ciclo político, que comenzará tras las elecciones del 23J. La organización criticó la Ley de Vivienda vigente por «restringir la confidencialidad del contrato» en ambos alrededores, el de compraventa y el del alquiler y ha pedido que se tomen medidas que faciliten «la actuación del mercado».
La información ha sido publicada por la Fundación y elaborada por el experto Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra). En esto, Arruñada ha apuntado que “Las restricciones en el mercado de la vivienda se han recrudecido” lo que “ha facilitado la contratación de alquileres y ha proporcionado mayo tolerancia a los impagos y la okupación”. Además explicó que, en consecuencia, ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de buena parte de la población para encontrar vivienda”.
La Fundación defendió que el papel del estado en esta cuestion tiene que cambiar. Para ello, se ha desarrollado que el Gobierno «se tiene que centrar en probar los bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social».
Arruñada ha explicado que para ello “debe existir un planeamiento urbano orientado a asegurar la existencia de suelo disponible para construir”. En esta pregunta, ha propuesto una rebaja de impuestos para favorecer la compraventa. El experto pide “racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir gradualmente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones”. Ha añadido, que este recorte del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados «sería compatible con cambios dirigidos a neutralizar su efecto negativo en la recaudación, elevando, si así se désea, los gravámenes sobre la tenencia, ya sea por la vía del IBI o IRPF”.
Asimismo, la organización ha puesto en marcha un recuperar la seguridad jurídica del derecho de propiedad, para igualarla a la del resto de países europeos, «tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio».
De cualquier modo que se refiera a «la red efectiva de seguridad social», se ha plantado recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer. Este, cree que establece puntos relevantes para los contratos de arrendamiento de vivienda. En concreto, han apuntado que “derogación de plazos límites y demás condiciones contractuales que hoy restringe ineficientemente la dimensión del mercado y expulsa del mismo a los agricultores potenciales más vulnerables”.
